Puebla, Pue (Billie Parker).- La familia de la joven Mara Castilla anunció que apelará la sentencia de 50 años, determinada por un tribunal para Ricardo Alexis Díaz López por el feminicidio de la estudiante xalapeña ocurrido el 8 de septiembre del 2017 en un motel de la ciudad de Puebla.
En el marco de la audiencia en la que el Tribunal Colegiado de enjuiciamiento dictó la sentencia el lunes 12 de abril, los padres de Mara Fernanda Castilla Miranda exigieron la pena máxima por el delito de feminicidio, que es de 60 años de prisión.
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Luego de que el exconductor de la plataforma de transporte privado Cabify, fue declarado culpable del feminicidio de Mara Fernanda Castilla, además se dictaminó la reparación del daño por un monto de 300 mil pesos.
La Fiscalía General del Estado de Puebla demostró que Alexis Díaz atacó y privó de la vida, a Mara en septiembre de 2017 en Xonacatepec, Puebla
La solicitud de la familia de Mara fue apoyada por al menos 20 organizaciones feministas que declaran que el crimen de la estudiante “evidenció la creciente ola de violencia contra mujeres en Puebla al ser la víctima número 83 del año 2017, así como el ineficiente actuar de las autoridades”.
La versión es que Mara Castilla, de 19 años, fue llevada en contra de su voluntad al Motel del Sur, donde se presume que fue privada de la vida por el chófer del Uber Cabify.
Una semana después, luego del cateo de un domicilio del chofer en Tlaxcala donde se encontraron pertenencias de la joven, el 15 de septiembre de ese mismo año, su cuerpo fue encontrado por las autoridades en un paraje de Santa María Xonacatepec.
La noche del 7 de septiembre de 2017 la estudiante de la UPAEP salió con sus amigos a un bar de Cholula y al terminar el convivio, cerca de las cinco de la mañana pidió un auto a través de la plataforma Cabify para regresar al domicilio de su hermana donde vivia.
El Uber llegó a su dirección en el Fraccionamiento Torres de Mayorazgo sin embargo se comprobó que la joven xalapeña nunca bajó del vehículo, según los videos de las cámaras de videovigilancia, fueron evidencia decisiva para ubicar a Ricardo Alexis Díaz como el principal sospechoso de la desaparición y posteriormente el feminicidio.
La joven fue reportada como desaparecida pero las autoridades competentes de buscarla no aplicaron protocolo alguno, lo que fue cuestionado en su momento por feministas que salieron a las calles en Veracruz y Puebla para exigir su búsqueda en una movilización sin precedentes.
