Por Berenice Chavarría Tenorio
Ciudad de México.- Académicas, geógrafas y defensoras de Derechos Humanos criticaron que las autoridades continúen sin elaborar bases de datos sobre incidencia delictiva del feminicidio en todo el país, por lo que los datos con los que se cuenta, distan mucho de la realidad de violencia que viven las mexicanas.
Durante el encuentro “Datos y mapas sobre violencia feminicida ¿Qué estamos comunicando?” realizado el pasado fin de semana en Casa Refugio Citlaltépetl, las ponentes destacaron que los principales problemas que hacen que la violencia feminicida incremente se deben a la incorrecta tipificación del delito, a la impunidad y a la negligencia presente en todos los niveles de gobierno.
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A ello se suma un recurrente problema: las bases de datos y mapas sobre feminicidio, los cuales continúan sin reflejar la realidad.
Pese a que Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007, mandata que se debe garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, en la práctica esto no sucede.
Las investigadoras explicaron que los datos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ofrece sobre la incidencia del feminicidio en México, no son comparables con lo que ocurre en el país.
“Los datos del Secretariado no son datos del Sistema de Salud sino del Sistema de justicia, esto quiere decir que la unidad de observación son las carpetas de investigación que se abren, y estas se inician de acuerdo a lo que considere el Ministerio Público quien decide si el delito es considerado feminicidio u homicidio, lo cual no permite ver la realidad de la problemática”, explicó la analista de datos de Data Civica, Carolina Torreblanca.
La analista afirmó que “Los datos del Secretariado sólo sirven para saber cuántas víctimas están registradas en investigaciones abiertas. Además estos datos no son comparables entre años y entre estados, porque en cada lugar del país varía lo que se puede o no considerar un feminicidio”.
En cuanto a la cartografía, la geógrafa feminista Giulia Marchese, expuso que ocurre algo similiar: “la información está incompleta y descontextualizada” y agregó que la problemática con la cartografía es la escala, ya que retratar la violencia feminicida a nivel estatal sólo “da un mensaje de urgencia y alarma”.
“En la actualidad la mayoría de los mapas incluyen sólo el total de víctimas de homicidio reportadas por fuentes hemerográficas que la persona que cataloga, considera fue un feminicidio”, por lo que dijo que para atender la problemática y se logren generar políticas públicas adecuadas “se deben realizar mapas a nivel local, con especificaciones territoriales basadas en lo que ocurre en cada municipio”.
De esta forma, las investigadoras concluyeron que es importante concentrar esfuerzos de manera integral, implementar procesos y metodologías desde la sociedad civil para dar un panorama real de lo que viven cientos de mujeres víctimas de violencia feminicida.
Autoridades no capacitadas
En su participación, la abogada feminista, Andrea Medina Rosas, denunció que quienes operan la Ley no están capacitados y basan sus decisiones “en sus valores, estereotipos y carecen de perspectiva de género”.
La litigante en el caso “Campo Algodonero” por el feminicidio de 3 de 8 mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacó que “hay una reparación mínima del daño en juicios con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio” y que los casos “se juzgan como algo aislado, aún cuando este tipo de violencia está ligada”.
Como ejemplo, en la Sentencia “Campo Algodonero” –que refiere a la responsabilidad del Estado por la impunidad en las investigaciones relacionadas a la desaparición y muerte de Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez- se desprende que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres.
“En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer”.
Pero esto no ocurre así, ya que desde los Ministerios Públicos comienza la violencia. “El personal minimiza el hecho y lo reporta como un accidente, como algo que pudo haber ocurrido por cualquier circunstancia, esto lleva a un proceso de impunidad. Es necesario dar cuenta de la cultura feminicida, romper estereotipos en relación a las víctimas y analizar con perspectiva de género, ya que el feminicidio no se presenta de la misma forma en todas las regiones del país”, destacó la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), Martha Patricia Castañeda Salgado.
Gobierno debe trabajar con Sociedad Civil
Las investigadoras coincidieron que las principales necesidades son tipificar correctamente los casos de feminicidio que ocurren en el país, contar con bases de datos que permitan su análisis y crear políticas públicas que realmente erradiquen la violencia contra las mujeres.
Insistieron que la sociedad civil debe formar parte en la creación de estas políticas públicas ya que para erradicar la violencia feminicida se requiere de todos los agentes sociales especializados en el tema.
“Hay falta de política de género feminista en toda la política estatal y federal; además hay un distanciamiento entre la academia y el gobierno. El feminicidio no es un problema de segundo orden”, enfatizó Martha Patricia Castañeda Salgado.
“Se necesitan políticas focalizadas en las mujeres porque no somos ciudadanas de segunda en el país y nuestros problemas son prioritarios. Si uno de los compromisos de Andrés Manuel López Obrador fue que el país florecería con educación y trabajo, tenemos que recordarle que las primeras medidas no han ido en esa dirección. Todas las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y violencia feminicida, requieren presupuesto e interacción entre sociedad civil y política”, concluyó la investigadora del CEIICH.
Fuente: CIMAC Noticias
