En al menos cuatro feminicidios ocurridos en Puebla acompañados jurídicamente por el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio, el equipo legal y las familias denuncian omisiones, trabas y amenazas para continuar con las investigaciones.
Puebla / Aranzazú Ayala Martínez (Lado B).- El 20 diciembre de 2019 Diana Celina González Hernández fue reportada como desaparecida. Su familia solo sabía que había ido a la fiesta de fin de año de su oficina con uno de sus amigos: días después se encontró una parte de su cuerpo cerca de la autopista del Sol, en Acapulco. A 50 kilómetros apareció el cuerpo del amigo con el que se había ido, dentro de un automóvil, y con un balazo en la cabeza.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), antes de avisar a la familia que había encontrado el cuerpo de la joven, emitió un comunicado diciendo que el caso había sido resuelto y que el responsable había sido el amigo, quien posteriormente se había suicidado. Al día de hoy, la investigación no solo sigue estancada, sino que la familia —que tiene que viajar más de seis horas desde Veracruz, para dar seguimiento al caso— y sus abogados han encontrado constantes obstáculos, además de enfrentar malos tratos e intimidaciones.
Carlos Olvera, abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y uno de los asesores jurídicos de la familia de Diana Celina, dijo en entrevista para LADO B que, a su consideración, la FGE quería en su momento cerrar la investigación cuando a los pocos días encontraron al presunto feminicida muerto, pero sin tener pruebas suficientes para asegurar que no había otra persona involucrada.
El asesor jurídico dijo que la familia tiene información que señala que el feminicidio se pudo haber perpetrado con la complicidad de otras personas, y pese a que han dado todos los datos a la FGE, los ministerios públicos (que han sido cambiados varias veces), no tienen un plan de investigación y tampoco conocen bien la Carpeta de Investigación (CDI).
A la fecha, no se tiene certeza de cómo ni cuándo realmente se privó de la vida a Diana Celina, ni si alguien más participó en el feminicidio, y tampoco la familia tiene todos los restos del cuerpo de la joven.
“La Ley General de Víctimas dice que las víctimas indirectas tienen derecho a que se busquen todos los restos de sus seres queridos, pero hasta ahora no se ha hecho una búsqueda más exhaustiva”, relató el abogado.
Otro de los problemas a los que se han enfrentado es que, a partir de la pandemia, la FGE ha vulnerado derechos de las víctimas, pues solo deja entrar a las reuniones a un abogado de todo el equipo, y no les permite ingresar teléfonos celulares.
“Hemos abogado porque pasemos más [abogados], y no se nos incomunique, porque por la labor que hacemos es importante que estemos comunicados siempre”.
Durante la última diligencia a la que acudió la familia de Diana Celina junto con los abogados del OCNF, uno de los ministerios públicos a cargo del caso actuó de manera prepotente e intimidatoria, no quiso llevar a cabo una diligencia que solicitaron y realizó actos intimidatorios, según lo relatado en entrevista tanto por Carlos como por la mamá de la joven.
Asimismo, el asesor jurídico cuenta que cuando el equipo del OCNF y la familia proponen ciertas diligencias, a partir de lo que han investigado, las autoridades se niegan a realizarlas.
“Al final no trabajamos en conjunto, como debería de ser. Regularmente nosotros acompañamos casos en otros estados y siempre tratamos de trabajar en equipo con las Fiscalías, que al final buscan lo mismo que nosotros, que es el esclarecimiento de los hechos, pero la de Puebla ha tenido resistencia a coadyuvar”, dijo Carlos.
Una Fiscalía omisa
Lo mismo ha pasado en otros casos que acompaña el OCNF en Puebla: el feminicidio de Gabriela Sánchez Martínez, el 5 de mayo de 2019; el de Minerva Calderón Hernández, el 21 de marzo de 2017, y el de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, el 15 de mayo de 2018. En ninguno ha habido avances, y en todos los casos las familias han denunciado omisiones y malos tratos.
En entrevista para LADO B, la señora María Hernández, mamá de Diana Celina, denunció que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, quien ahora lleva el caso de su hija, no está haciendo su trabajo.
Relató que cuando estuvo en Puebla hace un par de semanas acompañada de sus asesores jurídicos, integrantes del OCNF, todo terminó mal pues el equipo jurídico fue amenazado, y la ministerio público a cargo del caso “solo se dedicó a proteger a la testigo, a quien pedí que citaran pues tuvo una relación de seis años con el sujeto [señalado como presunto responsable del feminicidio de Diana]”.
María contó que aunque llaman a los testigos a declarar, frente a ella en la Fiscalía les dicen que tienen todo el derecho a guardar silencio, si así lo desean, pero a ella no le dicen sus derechos ni tampoco hacen caso a sus peticiones. La actual agente del Ministerio Público que lleva el caso de Diana Celina, dijo su mamá, ni siquiera ha leído la Carpeta de Investigación.
“Entonces solo me desgastan física, moral y económicamente. Yo le dije [a la Ministerio Público encargada del caso] y le aclaré que ir a una cita a la ciudad de Puebla para solo verle la cara a los testigos es nefasto, me desgasta tanto física, moral como económicamente”.
Cada vez que la familia de Diana Celina tiene que ir a la Fiscalía desde Álamo, Veracruz, debe viajar 220 kilómetros y gastar al menos mil 800 pesos de casetas y gasolina. En teoría, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, como víctimas indirectas deberían recibir apoyos para sus traslados relacionados al seguimiento a su caso, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, en Puebla este organismo todavía no existe.
La señora María dijo a este medio que sostuvo una reunión virtual el 18 de marzo con el fiscal general Gilberto Higuera Bernal, quien se comprometió a apoyar a las familias de las víctimas. Pero después de lo ocurrido el pasado viernes 21 de mayo, cuando personal de la propia Fiscalía dentro de su sede golpeó, amenazó y atacó con gas pimienta a familiares de víctimas de feminicidio y a abogadas y abogados del OCNF (entre ellos a quienes llevan el caso de Diana Celina), dijo que claramente el fiscal no cumplió.
