Ciudad de México (CIMAC Noticias).– Organizaciones feministas exigieron al Congreso del estado de Guerrero que reforme el Código Penal estatal para homologarlo con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) para garantizar que las víctimas de violación sexual, que presenten un embarazo, puedan abortar si así lo desean.
En un comunicado público, redes de agrupaciones feministas como la Alianza por los Derechos Humanos de las Mujeres en Guerrero, llamaron al Legislativo a reformar la fracción I del Artículo 159 del Código Penal para hacer posible que las víctimas accedan a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sin que ésta tenga que ser autorizada por un Ministerio Público.
No es la primera vez que se hace esta petición. El año pasado el Grupo de Trabajo que atendió el proceso de declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, es decir, por la situación de discriminación en la que se encontraban las mujeres sin acceso a servidos de salud sexual y reproductiva en la entidad, hizo la misma recomendación.
Las organizaciones recordaron que la NOM-046 considera, además, la obligación del Estado de crear un banco de información de víctimas y agresores respecto a violencia sexual. A nivel nacional en el año 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 345 denuncias por violación.
Estos datos, consideraron las agrupaciones, significan que al menos una mujer fue violada cada día durante el año pasado. En octubre de ese año el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reportó que 11 mil niñas menores de 14 años víctimas de violación, fueron obligadas a parir al no garantizarles la ILE, siendo los principales agresores padres, abuelos, tíos, primos y hermanos.
Durante ese año se realizaron 29 interrupciones de embarazo de mujeres violadas, 9 de esas víctimas tenían entre 13 y 17 años. Esta situación fue denunciada el 8 de marzo de 2019 en la solicitud de declaratoria de Alerta presentada por el Observatorio de Violencias hacia las Mujeres en Guerrero y Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C.
El 30 de mayo de ese mismo año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación, notificó a los titulares del Poder Ejecutivo estatal y de la Fiscalía General del estado, así como a la Presidencia de los órganos de gobierno del Poder Legislativo, las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo.
En este informe de personas expertas se concluyó que en Guerrero hay un contexto de discriminación debido a la falta de homologación del marco jurídico local con el federal y general; así como por una política pública deficiente en materia de salud sexual y reproductiva que transgrede los Derechos Humanos de las mujeres.
Por ello, el Grupo de Trabajo recomendó revisar y reformar la legislación relacionada al aborto. De atenderse la recomendación, las organizaciones aseguraron que se evitaría la revictimización en los servicios de salud y se garantizaría el cumplimiento de los acuerdos internacionales que México ha firmado y ratificado.
Asimismo, citaron el caso de Esmeralda, adolescente de 14 años con discapacidad intelectual, quien fue víctima de violación sexual y aunque fue atendida en el Hospital Donato Alarcón, no se le garantizó la ILE, parió y el bebé murió al nacer por un choque séptico, sepsis neonatal y neumonía. Es por esta razón que criticaron que las autoridades y la mayoría del funcionariado de ese sector, normalicen la violencia institucional contra las mujeres.
