De Ciudad Juárez al Edomex: la indolencia de las autoridades impide la justicia para las víctimas de feminicidio
Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México
El domingo 30 de octubre de 2022, Ariadna Fernanda acudió a un restaurante en Ciudad de México. El lunes siguiente, unos ciclistas que circulaban por la carretera a Cuautla, Morelos, encontraron el cuerpo sin vida de la joven y alertaron a las autoridades. Días después, la Fiscalía General de Justicia de Morelos presentó un informe en el que aseguró haber corroborado, “jurídica y científicamente”, que la causa de la muerte de Ariadna se debió a una “grave intoxicación alcohólica y a una consecuente broncoaspiración”.
Pese a que el cuerpo de Ariadna estuvo expuesto en la vía pública, la Fiscalía de Morelos insistió en que la necropsia “no era coincidente con un feminicidio”. Durante la semana, la Fiscal General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, informó que su equipo realizó un segundo análisis forense, a petición de la familia de la joven, y determinó que ésta murió por un “trauma múltiple mortal”, y afirmó que se trató de un feminicidio.
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El 28 de octubre de 2012, Karla Pontigo fue a su trabajo en una discoteca en San Luis Potosí. Su hermano pasó a buscarla por la madrugada y la encontró gravemente herida. Karla murió en el hospital al día siguiente. La entonces Procuraduría General de Justicia del estado determinó que la muerte fue a consecuencia de un accidente e investigó el caso como homicidio culposo, pese a que la madre de Karla había denunciado que ésta sufría acoso sexual. La señora Esperanza exigió entonces una necropsia, cuyo resultado evidenció que había signos de violencia sexual en el cuerpo de su hija.
La familia no dejó de insistir en que la muerte violenta de Karla fuera investigada como feminicidio. Ante la resistencia de las autoridades locales, la madre de la joven acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en noviembre de 2019, emitió una sentencia requiriendo, a la ahora Fiscalía General de Justicia del estado, investigar la muerte violenta de Karla con perspectiva de género, así como a todas las autoridades que cometieron deficiencias en la primera indagatoria.
Como parte del cumplimiento de dicha sentencia, para investigar el caso fue creada una Unidad Especializada en la Fiscalía del Estado. Sin embargo, al detectarse un conflicto de intereses en la nueva investigación, la familia de Karla recurrió a la Fiscalía General de la República para que atrajera el caso, lo que ocurrió en febrero de 2022. A 10 años de ocurrido el feminicidio de Karla éste continúa impune.
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El 12 de febrero del 2004, María Antonia Márquez recibió una llamada de la cuñada de su hija, Nadia Muciño, diciendo que ésta se había suicidado. Los padres de Nadia acudieron a su domicilio en el Estado de México y encontraron el cuerpo sin vida colgado de una viga del baño. Los hijos de Nadia, que tenían cinco, cuatro y dos años de edad, atestiguaron lo ocurrido esa noche y defendieron en numerosas ocasiones que su papá y el hermano de él agredieron a su madre y la mataron, lo que indica que ambos prepararon la escena para simular que Nadia se había suicidado.
De acuerdo con María Antonia, las autoridades llegaron al lugar de los hechos cinco horas después de que se les diera aviso y no realizaron una inspección completa del lugar, ni recolectaron toda la evidencia. En la primera fase de la investigación, la tesis principal del equipo de peritos de la Fiscalía fue que Nadia se había suicidado, sin considerar la posibilidad del asesinato y la violencia preexistente contra ella, denunciada por la familia.
El cuñado de Nadia fue condenado en 2009, pero en 2010 fue absuelto porque los magistrados consideraron como “fantasiosos” los testimonios de los niños y arguyeron que no tenían valor probatorio. Ocho años después, en 2012, el esposo de Nadia fue detenido, y en 2017 condenado por homicidio, ya que en 2004 todavía no existía el tipo penal del feminicidio.
La familia de Nadia manifiesta que, a lo largo de todos estos años, fue amenazada en numerosas ocasiones por la familia del esposo de Nadia. Para ello, la protección que les brindaron las autoridades mexiquenses fue insuficiente, al punto que la familia fue desplazada de su hogar y actualmente vive en otra casa por temor a las represalias.
Este caso, así como los de Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, víctimas de feminicidio precedido de desaparición, los denunciamos en nuestro informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.
A estos tristes y lamentables casos se suman muchos más, como el de Debhani Escobar o el de Lidia Gabriela, quien se arrojó de un taxi ante el temor a ser secuestrada, y falleció a consecuencia de ello. Son casos que han tenido una amplia difusión mediática, pero hay cientos más que ni siquiera conocemos. En este sentido, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son estremecedoras, pues tan solo en el periodo enero-septiembre de 2022 se abrieron 695 investigaciones por feminicidio.
Indolencia persistente
Es terrible que estas trágicas y lamentables historias que he descrito se repitan todos los días en nuestro país. Son la tortuosa realidad cotidiana de las víctimas de feminicidios y de las familias que deben hacer frente a la persistente indolencia de las autoridades, que se expresa en múltiples deficiencias al investigar las muertes violentas de sus hijas, sus hermanas, sus madres.
Estas falencias no son recientes. Hace 19 años ya, en 2003, dimos a conocer nuestro informe México: Muertes intolerables: diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. En él denunciamos la violencia extrema ejercida contra las mujeres en esa ciudad, así como las irregularidades cometidas por las autoridades al investigar los feminicidios -como la mala gestión de las escenas del crimen y de las pruebas; falta de seguimiento de líneas de investigación y un inverosímil cuestionamiento de la conducta de las víctimas-, ya sea por indiferencia, falta de voluntad, negligencia o falta de capacidad.
Esa ineficacia llevó a las familias de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez a involucrarse en las investigaciones para lo que invirtieron recursos propios; tiempo personal y de sus trabajos, por lo que en ocasiones fueron despedidas o cesadas. Además de que se expusieron a intimidaciones y amenazas provenientes de los agresores e incluso de las autoridades investigadoras de sus casos. A 19 años de distancia esta violencia institucional se sigue replicando tristemente, de manera inaudita, como lo exponemos en nuestro informe Juicio a la Justicia.
Esas falencias ocurren pese a que hay sentencias de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), de acuerdo con las cuales al investigar la muerte violenta de una mujer se debe inspeccionar debidamente el lugar de los hechos, resguardar de forma apropiada las evidencias recolectadas y realizar oportunamente pruebas periciales o diligencias, para evitar la pérdida de datos, objetos, sustancias y testimonios.
Además, las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación posibles en cada caso y, por otro lado, no realizan las diligencias necesarias para agotar una línea de investigación de forma exhaustiva. Tampoco aplican la perspectiva de género, pese a que la normativa señala que debe hacerse de forma transversal, es decir, en todo momento y en todas las actuaciones.
Dejar de lado estos protocolos conlleva a la pérdida de evidencias, que en muchas ocasiones son determinantes para acreditar el tipo penal del feminicidio. Incluso hay casos en los que las líneas de investigación no se diseñan desde una perspectiva de género, por lo que a veces se investigan como suicidio casos que son feminicidios, o que no se consideren como sospechosas a personas del entorno de la víctima, que deberían ser investigadas. La falta de perspectiva de género se observa también en el uso de estereotipos y la culpabilización de las víctimas.
Desde Amnistía Internacional hemos insistido –y así está plasmado en el multicitado informe Juicio a la Justicia- que se mejoren sustantivamente las condiciones en las que trabajan los servidores públicos en las fiscalías; que éstas garanticen al personal formación especializada (no solo sensibilización), que se les habilite para llevar a cabo las investigaciones de desapariciones y feminicidios.
También es necesario que se ejerza una supervisión real del trabajo de las personas servidoras públicas y que éstas respondan ante las negligencias y omisiones en que incurran en las investigaciones.
Más violencia institucional
En una muestra más de violencia institucional, el Fiscal General de Justicia del Estado de México canceló una disculpa pública que estaba prevista para el miércoles 16 de noviembre de 2022. La misma estaba dirigida a las familias de las víctimas de feminicidio ya mencionadas: María Antonia Márquez, mamá de Nadia; Laura Curiel, mamá de Daniela; Lidia Florencio Guerrero y Laura Velázquez, mamá y hermana de Diana, y Ana Sosa, hija de Julia Sosa Conde.
Es paradójico, pero la medida satisfactoria tenía como eje que la Fiscalía se disculpara por las deficiencias registradas en las investigaciones de cada uno de los casos y por los maltratos infligidos a las familias por parte de dicha dependencia.
Las familias de las víctimas de feminicidios en México requieren elaborar un nuevo proyecto de vida, intentar elaborar el duelo y hacer frente a nuevas responsabilidades familiares y económicas. En cambio, tienen que hacer frente a los malos tratos de las autoridades, a las amenazas y riesgos al involucrarse en las investigaciones que no les corresponden y que debe realizar el personal de las fiscalías, además de que dedican tiempo y recursos a la investigación, la búsqueda y la exigencia de justicia.
En esta deleznable y crítica situación llegamos al 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que volveremos a tomar las calles para continuar con nuestro reclamo al Estado mexicano porque no cumple con su obligación de garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia.
Este 25 de noviembre la comunidad Amnistía Internacional estará donde debe estar: junto a las familias de las víctimas de feminicidio. Estaremos con ellas hasta que tengan acceso a verdad, justicia y reparación integral del daño, estaremos con ellas #HastaSerEscuchadas y hasta que todas las mujeres y niñas en México accedamos a vivir libres de violencia, porque ese es un derecho que el Estado mexicano nos ha negado por décadas.
