Cuatro iniciativas de ley para despenalizar el aborto han sido rechazadas o congeladas
México / Camelia Muñoz Alvarado (Cimac Noticias).- María tiene 35 años y es jefa de familia. En marzo decidió interrumpir su cuarto embarazo porque no le alcanzaba el dinero ni el tiempo para tener más descendencia. Actualmente, alterna sus días entre el cuidado de sus tres hijos y un trabajo informal que apenas cubre sus necesidades básicas.
Optó por acercarse a colectivos feministas de Saltillo, que le proporcionaron misoprostol, un medicamento abortivo aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Cada caja cuesta entre 600 y mil pesos; como no podía pagarlo, se lo dieron a cambio de una aportación simbólica. Ella tuvo que costear las pruebas de laboratorio y la consulta ginecológica para poder interrumpir su embarazo sin atención médica.
“En mi caso, yo no tengo con quién dejar a mis hijos ni dinero para pagar a alguien que los cuide”, explicó en entrevista.
“Son muchas complicaciones; yo creo que sería más fácil si fuera de otra forma en donde dijeras: ‘bueno (al ser legal el aborto), solo voy a gastar en moverme y me van a hacer el seguimiento, además de ayudarme con el procedimiento’”.
De cuatro mujeres contactadas, sólo María aceptó dar su testimonio. Entre ellas, hubo quienes viajaron a la Ciudad de México para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Según cifras de la Secretaría de Salud capitalina, de 2007 a julio de 2020 recurrieron al aborto legal 50 mujeres procedentes de Coahuila.
La criminalización y el estigma social que pesan sobre el aborto tienen que desaparecer, consideró María.
“Debería existir la posibilidad de que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo sin el miedo de que las vayan a meter a la cárcel, que las vayan a amedrentar. Es necesario que la gente deje de tener el prejuicio de que si lo haces eres una asesina”.
El Código Penal de Coahuila establece en su artículo 195 que comete aborto “quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo”. El castigo para las mujeres que incurren en este delito es de uno a tres años de prisión.
Existen cuatro causales para que el aborto no sea punible: cuando el embarazo es resultado de una violación o una inseminación artificial no consentida —el procedimiento debe realizarse en las primeras 12 semanas de gestación—, si está en peligro la vida de la embarazada, si el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan causarle graves afectaciones físicas o cerebrales, y si el aborto ocurre por una conducta culposa o imprudente de la mujer encinta.
Las iniciativas que buscan lograr la despenalización del aborto han sido rechazadas por el Congreso o ni siquiera han llegado al Pleno. En octubre de 2013, el diputado Samuel Acevedo Flores, del extinto Partido Socialdemócrata, propuso autorizar la ILE hasta las 12 semanas de gestación; su propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y nunca llegó a ser votada.
Una segunda iniciativa, de septiembre de 2017, fue promovida por el entonces gobernador —hoy diputado federal plurinominal—, el priista Rubén Moreira Valdez. Planteaba reformas al Código Penal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; penas menores para las mujeres que cometieran el delito —de cuatro meses a un año de prisión—, y autorizar la ILE para cualquier momento del embarazo si se cumplía alguna de las causales previstas. Un mes después, tras diversas manifestaciones de grupos conservadores y religiosos, la presión social hizo que el Congreso desechara la propuesta y votara “a favor de la vida”.
Desde octubre de 2018 permanece congelada la iniciativa de reforma al Código Penal y a las leyes de Protección a la Maternidad y de Salud presentada por la legisladora perredista Claudia Isela Ramírez Pineda. Propone que se apruebe la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y que la mujer que decida abortar pueda ser atendida en una institución de salud pública en un plazo no mayor de cinco días.
El pasado mayo, la diputada de Morena, Elisa Catalina Villalobos Hernández, presentó una nueva iniciativa que propone reformar la Constitución Política de Coahuila para que las mujeres tengan derecho a decidir libremente si desean interrumpir su embarazo sin ser criminalizadas. La propuesta debe ser analizada por las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
