La Corte Suprema de México reconoció el pasado 7 de septiembre los derechos de las mujeres en ese país tras establecer la despenalización total del aborto. Colombia podría ser la próxima nación de América Latina en marcar un hito histórico.
Colombia / Shirly Forero Garcés (El Cuarto Mosquetero).- Hoy 14 de octubre del 2021, la Corte Constitucional se encuentra debatiendo sobre la despenalización del aborto en Colombia. Nunca se había estado tan cerca de lograr un avance como este, cerca de 400 mujeres son procesadas todos los años por abortar en el país. Este panorama podría cambiar hoy con la decisión que tome el órgano de justicia.
Por eso, en Twitter se está convocando a apoyar la causa con el hashtag #CorteAbortoSí, con el que diferentes internautas y organizaciones se han unido a la iniciativa pidiendo a la Corte que atienda el llamado del movimiento feminista en Colombia.
La despenalización del aborto en Colombia es una lucha abanderada por Causa Justa, un movimiento que trabaja por la autonomía reproductiva de todas las mujeres y está formado por más de 200 organizaciones, proveedores de atención sanitaria, académicos, centros de investigación y activistas que procuran proteger los derechos de las féminas en el país.
Este movimiento demandó ante la Corte Constitucional en 2020, eliminar el aborto como delito del Código Penal y acabar con el riesgo de persecución penal y encarcelamiento en Colombia para las que deciden interrumpir de manera voluntaria su embarazo porque viola los derechos fundamentales a la salud, la igualdad y la libertad de las mujeres y de los proveedores de servicios de salud.
Además de la despenalización, Causa Justa también pide al Estado que facilite el acceso a la atención del aborto en todo el país y que garantice la plena ciudadanía de las mujeres con respecto a su libertad, autonomía y autodeterminación sobre las decisiones que afectan a sus cuerpos y vidas.
Hay que tener en cuenta que, con la sentencia C-355 del 2006, el aborto fue parcialmente despenalizado bajo tres causales: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando el feto tiene malformaciones que hacen inviable su vida y cuando pone en riesgo la salud de la mujer. Sin embargo, el tema sigue ocasionando profunda polarización y rechazo generalizado en amplios sectores de la sociedad. Esta situación ha generado que Colombia siga teniendo una legislación estrecha y estricta cuando de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se trata.
El delito de aborto es la principal barrera para que las mujeres, adolescentes y niñas puedan acceder a este derecho. Por eso pedimos a la @CConstitucional que elimine el aborto del Código Penal Colombiano. #CausaJustaPorElAborto #CorteAbortoSí pic.twitter.com/VXhQuCsrHp
— Centro de Derechos Reproductivos (@ReproRightsLAC) October 14, 2021
Y es que, aunque ya casi hace 15 años el aborto fue parcialmente despenalizado en Colombia, no se dispone de estadísticas claras y sólidas sobre el tema. De acuerdo con el informe Aborto en Colombia publicado en 2016 por la organización feminista Sentiido, 400.000 abortos clandestinos ocurren cada año en el país y solo 3.400 se practican de manera legal. En contraste, según el documento “La criminalización de las mujeres en América Latina”, algunos centros prestadores del servicio calculan que desde la emisión de la sentencia se han realizado únicamente 52.000 abortos legales. De acuerdo con el Ministerio Nacional de Salud, este número desciende a 27.000. Un factor que dificulta el acceso de manera legal es el costo, que puede oscilar entre $120.000 y $540.000 dependiendo de la institución médica. Esta podría ser la causa de que en el país, la mitad de los abortos se realicen con Misoprostol.
Además, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda para abortos de primer trimestre usar la aspiración manual endouterina, 8 de cada 10 procedimientos realizados en instituciones de salud de segundo y tercer nivel se realizan utilizando dilatación y curetaje, un método más invasivo, afirma Sentiido.
Según el Centro de Derechos Reproductivos, en Colombia tan sólo 1% de los abortos en Colombia tienen lugar dentro del sistema de salud, una red que se concentra en las zonas urbanas. Durante los últimos 20 años, 97% de las mujeres procesadas por aborto procedían de zonas rurales y 30% de los procesamientos correspondían a mujeres víctimas de violencia sexual o de género.
Proporcionalmente son las niñas y adolescentes quienes tienen mayor probabilidad de ser sancionadas por el delito de aborto. 24% de las condenas son a menores de 18 años y un 12.5% de los procesos son contra ellas.
#CorteAbortoSí #causajustaporelaborto pic.twitter.com/mxOKGdqp3C
— Centro de Derechos Reproductivos (@ReproRightsLAC) October 14, 2021
Estos argumentos han llevado a que Human Rights Watch intervenga ante la Corte instándola a dar este paso decisivo para la vigencia de los derechos humanos. De hecho, según Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, “es obligación de los Estados garantizar el acceso al aborto, porque el aborto tambien es un derecho reproductivo y los derechos reproductivos son derechos humanos”.
Para eliminar las barreras institucionales y sociales, por la autonomía de las mujeres, por nuestra dignidad, por nuestros proyectos de vida, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, decimos: #CorteAbortoSi que sea legal, seguro y gratuito para todas. ?? @causajustaco
— Veeduria Mujeres Libres De Violencia (@Vmujereslibres) October 14, 2021
Hoy la decisión de cambiar el rumbo de los abortos clandestinos en Colombia recae sobre las magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado, quienes podrían aportar a que las mujeres ejerzan maternidades deseadas, planeen su futuro sin las presiones de los roles impuestos y alcancen sus aspiraciones.
