Una acción afirmativa decretada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desvirtuó por parte de las autoridades y los partidos locales, el resultado fue violencia política y discriminación contra las funcionarias municipales
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México / Estrella Pedroza.- Era la tarde del 23 de marzo de 2023, al término del Cabildo, la regidora indígena Elpidia Torres Ramírez entró apresurada a la sala de juntas de la presidencia municipal de Tlalnepantla, en el estado de Morelos, para entregar al alcalde Ángel Estrada Rubio un justificante médico y la receta que explicaba la causa de su inasistencia a la sesión de ese día.
Ángel, alto, moreno y robusto, tomó los documentos. Tras leerlos, soltó una carcajada y enseguida hizo un comentario con el que vinculó, de la nada, un tema de salud de la regidora con su sexualidad. La burla fue secundada por los regidores Óscar Ramírez Primo y Armando Lascano Granda, así como algunos de sus colaboradores que aún estaban presentes. A Elpidia le invadieron varios sentimientos: pena, coraje e impotencia, después sintió un dolor en el estómago y antes de que las lágrimas salieran de sus ojos, salió del lugar de forma apresurada.
Lo que le pasó a Elpidia se considera violencia política de género, pues de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia una de las conductas de cómo puede expresarse es “realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos”.
Elpidia no es la única regidora indígena que ha sido objeto de este tipo de violencia. A Rafaela Maldonado Morales la gente del presidente municipal de Tlaltizapán, Morelos, Alfredo Domínguez Mandujano, la orilló a inscribirse en la planilla y luego tuvo que trabajar en las escaleras del ayuntamiento. Mientras que a Xóchitl Tepoztlán Palacios, regidora indígena del ayuntamiento de Cuautla, el Partido Morelos Progresa le pidió dinero antes de que asumiera el cargo.
Para la realización del reportaje se habló con 8 de las 22 regidoras indígenas electas y todas las consultadas habían sido objeto de violencia política, es decir, al menos al 36% de estas funcionarias fueron objeto de burlas, minimización de sus acciones, no ser convocadas a reuniones o un control excesivo por parte de las y los alcaldes, entre otras violencias.
Y esto se debería, en buena medida, a una acción afirmativa decretada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que fue llevada de forma incorrecta por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y los partidos políticos con representación en Morelos.
La acción afirmativa
En marzo del 2018, un grupo de personas encabezadas por Hipólito Arriaga Pote, quien se ostentó como gobernador indígena, llegó al Impepac para solicitar que los pueblos originarios tuvieran representación en los espacios de poder en la entidad. La respuesta fue negativa, bajo el argumento de que dichas candidaturas no fueron presentadas bajo los lineamientos de los partidos políticos.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictó una sentencia en junio de 2018 ordenando implementar acciones afirmativas a favor de las comunidades indígenas. A partir de allí transcurrieron más de dos años y pese a contar con un presupuesto de 650 mil pesos, el Consejo del Impepac no logró hacer un estudio sobre sistemas normativos indígenas y sólo aprobó un catálogo de comunidades indígenas, donde se aplicaría la acción afirmativa.
Fue el 13 de agosto de 2020 que el TEPJF revocó estas acciones realizadas por el Impepac y ordenó implementar acciones compensatorias en municipios no indígenas para su aplicación en el Proceso Electoral 2020-2021. Además de solicitar que se consultara a las poblaciones indígenas respecto a las medidas.
La disposición no fue muy bien recibida por las autoridades electorales de Morelos. En la 28 de agosto del 2020, consejera Xitlali Gómez Terán lamentó que a unos días de arrancar el proceso electoral se tuvieran que cambiar las reglas del juego e imponer una acción afirmativa, solo porque un ciudadano que se adjudicó como gobernador indígena presentó una queja, cuando este órgano cumplió con implementar las acciones afirmativas “procedentes y conducentes”.
En esa misma sesión se aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, en el cual se establecieron los lineamientos para el registro y asignación de candidaturas indígenas a diputaciones y regidurías que participan en el Proceso Electoral 2020-2021. Estos lineamientos fueron obligatorios para los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes, de tal forma que las planillas deberían considerar candidaturas a las regidurías de forma proporcional a la población indígena de los municipios, siendo el máximo 3 regidurías.
Perla Pedroza, defensora electoral habilitada por la Defensoría Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), explicó que estos lineamientos representaron una sacudida para los institutos políticos. “Representó una problemática importante debido a que no contemplaron a personas indígenas y en sus filas no tenían este tipo de perfil para poder cumplir con los requisitos establecidos para los registros”, agregó la especialista.
Por su parte, Martha Elena Mejía, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), reconoció que la aplicación de la acción afirmativa para las comunidades indígenas tuvo fallas de origen y de fondo. “Se sacó (en el Impepac) un acuerdo de manera prematura, sin un estudio de las poblaciones a las que queríamos beneficiar para representación, sin ese estudio, no se sabe el número específico de población en cada municipio”, dijo.
Esta acción afirmativa obligó a que los partidos políticos buscaran a perfiles que cumplieran con los requisitos y una vez que consiguieron las regidurías indígenas, ejercieron violencia política para someter a las funcionarias electas a su voluntad.
Regidoras violentadas
Un domingo por la mañana, mientras Elpidia preparaba en el patio de su casa el nixtamal para la venta de pozole, una colaboradora del presidente electo Ángel Estrada Rubio llamada Mari ingresó sin previo aviso a su hogar.
– Hola, pinche Chicota, ya pensaste en lo que te dije. Te conviene, vas a ganar 2 mil pesos más que los otros regidores- le dijo la enviada del presidente.
Elpidia había recibido varias visitas del mismo tipo para tratar de convencerla de que como regidora apoyara a Estrada cuando asumiera el cargo, pero ella se negó y eso le valió amenazas.
– Yo me voy a encargar de decirle a todo el pueblo que no quieres trabajar y que si no hay obras aquí será por tu culpa-, le dijo Mari.
En otra ocasión, el alcalde electo de Tlalnepantla, Ángel Estrada Rubio, hizo una reunión en su casa con tres regidores electos, incluyendo a Elpidia. Sin embargo, en todo momento se dirigió a los regidores hombres, ignorándola por completo. Cuando Elpidia manifestó que necesitaba contratar a personal de confianza, Estrada respondió:
– Tú qué vas a saber que hacer, eres una tlacoyera, lo que tú tienes que hacer es comprarte unas botas para irte al campo, eso te toca.
Mireya Gally Jordá, presidenta consejera del Impepac, reconoció que una mujer indígena se enfrenta a una doble discriminación y por ende es susceptible a mayor violencia política por razón de género. Incluso conoció a dos funcionarias municipales habrían renunciado al cargo debido a la violencia en su contra.
“Recibimos en su momento varias quejas de mujeres indígenas que una vez que fueron designadas por el principio de representación proporcional, y que les tocó a ellas representar al partido y a su comunidad, enfrentaron actitudes en contra de ellas que cayeron en situaciones de violencia, amenaza y hostigamiento”, señaló la funcionaria.
Historias como la de Elpidia hay bastantes. Una noche, mientras Rafaela Maldonado descansaba en el sofá de su casa, escuchó que alguien llamó a la puerta. Era Gabriel Moreno Bruno, entonces alcalde electo de Tlaltizapan, quien entró hasta la sala y pidió hablar a solas con ella. Sin preámbulos, Gabriel le solicitó que le firmará un documento con el que le daba el poder y respaldo para tomar decisiones, a cambio ella recibiría un pago adicional a su sueldo “sin tener que trabajar”. Rafaela respondió con un tajante no.
No fue la única violencia que vivió Rafaela, pues una vez en el cargo se vio obligada a despachar en las escaleras del ayuntamiento, ya que la oficina que le correspondía estaba invadida por el área de comunicación social. Los medios de comunicación dieron cuenta de ello y en consecuencia Humberto Salgado Escobar, director general del Ayuntamiento, la sujetó fuertemente del hombro y le dijo:
– Ya se salió con la suya, vaya allá está su oficina, deje de estar como iguana encaramada en el barandal.
Rafaela se aguantó el coraje: estuvo a punto de soltar una cachetada, pero su secretaria la detuvo. Cuando llegó a la oficina estaba totalmente vacía.
Se buscó una postura del edil de Tlaltizapán vía comunicación social pero hasta el cierre de esta información no hubo respuesta.
La Guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), establece que la violencia política en razón de género se configura con “todas aquellas acciones u omisiones, que se dirigen a la persona en razón de su género, y que tienen un impacto diferenciado ante las demás personas, afectándolas (o) desproporcionadamente, menoscabando o anulando sus derechos político-electorales, incluso, en el ejercicio de un cargo público”.
De acuerdo con datos recabados durante el “Foro Comparte tu experiencia como mujer integrante de los primeros cabildos conformadas con perspectiva de género e intercultural”, realizado el 6 de octubre por el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) y la organización Santa Democracia, 7 de las 22 regidoras indígenas en funciones en Morelos han vivido algún tipo de violencia política o violencia política por razón de género.
Además, en México el 70% de las mujeres que son víctimas de violencia política por razón de género son indígenas, mientras que el 38% de las mujeres violentadas ocupan el cargo de regidoras, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS).
Indígenas fueron utilizadas
Martha Elena Mejia, magistrada del TEEM, consideró que las mujeres indígenas fueron utilizadas por los partidos políticos y justo por su vulnerabilidad hay bajo número de juicios de impugnación para defenderse. “Son muy pocos juicios de violencia política por razón de género que han presentado por parte de las mujeres indígenas y eso no quiere decir que no están viviendo la violencia, quizá no tiene información y el apoyo para defenderse”, comentó.
Según lo documentado por la organización Santa Democracia, integrada por abogadas electorales, una vez que se conocieron los nombres de las personas electas algunas de las mujeres indígenas empezaron a enfrentar episodios de violencia política, desde acoso hasta extorsiones por los partidos políticos, integrantes de fórmula, abogados o presidentes municipales electos.
Otras regidoras enfrentaron violencia inmediatamente después de protestar el cargo, durante su gestión, antes de registrarse como candidatas, una vez que fue designada, al tomar protesta y durante todo el tiempo que llevan al frente de la regiduría.
Un ejemplo de cómo la violencia política de género ocurre en diferentes momentos, desde la campaña electoral y en el cargo, es el caso de Xóchitl Tepoztlán. Inicialmente un grupo de personas le pidió a la madre de Xóchitl, Isabel conocida como Chabela, que se integrara a la planilla de Jesús Alberto Martínez Borrón, conocido como “El Profe Nato”, quien buscaba la presidencia municipal de Cuautla por el Partido Morelos Progresa.
Chabela es muy conocida en la comunidad de Tetelcingo y siempre apoya en las campañas al primero que llega a pedirle el favor. Sin embargo, por la pandemia por Covid-19 decidió que fuera su hija Xóchitl quien estuviera en la planilla.
Aunque Xóchitl entregó los documentos y fue registrada con la regiduría cinco, durante la campaña electoral fue ignorada por el partido, no le dieron ni propaganda para hacer proselitismo. Sin embargo, un día después de que recibió su constancia como regidora indígena electa, representantes de Morelos Progresa le pidieron que les pagara lo que habían invertido supuestamente para que obtuviera la regiduría.
Xóchitl les dijo que ella no podía pagar primero porque no tenía dinero y porque a ella nunca se le informó que se tenía que pagar algo. Las personas se molestaron y la amenazaron con dejarla sola, es decir, sin apoyo cuando ejerciera el cargo, pero ella se mantuvo firme y prefirió contratar a un abogado particular.
Posteriormente el 26 de abril de 2023, un grupo de hombres armados, a bordo de una motocicleta, dispararon contra la vivienda de Xóchitl y por fortuna no hubo lesionados. Le dejaron una cartulina con un mensaje en el aparecía un número de teléfono y le decían que en 15 minutos se comunicará para que le dijeran lo que debía hacer. La regidora indígena avisó a la secretaría de seguridad pública y a la fiscalía de Morelos, por ello le fueron activadas medidas de seguridad.
Perla Pedroza, defensora electoral, documentó que a raíz de las sentencias del Tribunal Electoral Federal los partidos políticos “reclutaron, hasta debajo de las piedras, a hombres y mujeres indígenas, muchos de ellos no tienen preparación académica ni política”. A contratiempo, lograron registrar sus listas de candidaturas a hombres y mujeres indígenas y “cumplieron con los requisitos” sin tener claridad de lo que esperaban tras las elecciones.
Información oficial obtenida a través de mecanismos de transparencia indica que en el proceso electoral 2020-2021 se registraron 551 mujeres indígenas como candidatas al cargo de regidoras, pero solo 22 recibieron su constancia de asignación por la acción afirmativa, es decir, sólo el 4% de las mujeres indígenas registradas para una regiduría obtuvieron el cargo.
Las dejaron solas
El pasado 6 de octubre al “Foro comparte tu experiencia como mujer integrante de los primeros cabildos conformadas con perspectiva de género e intercultural” acudieron síndicas y regidoras de distintos municipios de la entidad, la mayoría acompañadas de sus asesores y asesoras. Tomaron asiento de manera ordenada en las sillas que se colocaron en filas una tras otra. Entonces, una de las facilitadoras pidió formar una media luna y solicitó a toda persona que no fuera síndica o regidora que se pasará a la parte de atrás para poder trabajar con el grupo de interés. Algunas permanecieron tímidas, otras se pusieron tensas, pero al final todas se acomodaron.
En cuanto se les empezó a explicar qué acciones se consideran violencia política por razón de género, algunas se animaron a compartir su experiencia. Hubo unas que se acercaron de forma personal a las facilitadoras para confirmar si lo que habían vivido era violencia. Lo primero en lo que coincidieron fue en la falta de capacitación brindada tanto por el Impepac como los partidos políticos sobre las responsabilidades de su cargo y el funcionamiento del Cabildo.
A través de solicitudes de información se preguntó a 10 institutos políticos, que actualmente tienen registro en Morelos y a un partido que solo tiene presencia nacional, si dieron capacitación, asesoramiento y seguimiento a las mujeres indígenas que en su momento fueron candidatas y ahora ostentan el cargo de regidoras, 4 respondieron que destinaron el 3% de su presupuesto a capacitaciones de mujeres en general y 3 de estos partidos dijeron que sí dieron alguna capacitación a mujeres indígenas, pero sin presentar evidencia.
Ni los partidos políticos, ni el IMPEPAC, ni el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), ni el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado, encabezado por la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM), contemplaron algún método de seguimiento o acompañamiento para las mujeres indígenas que accedieron a un espacio de poder.
Otras de las prácticas que las asistentes al foro narraron tienen que ver con que no las convocan a las sesiones de Cabildo, no les entregan documentación, les imponen a personal de confianza, les limitan sus gastos de representación en el cargo o les condicionan el pago de prerrogativas. En algunos casos las han amenazado a ellas o sus familiares y en algunos casos graves, las han denunciado por delitos que no cometieron.
Para Georgina Cárdenas Acosta, docente de la FES Aragón y especialista en violencia política por razón de género, las distintas modalidades de violencia política y política por razón de género, que se perpetúan de diferentes formas entre ellas y la más recurrente la violencia digital, tienen efectos directos en la salud de las mujeres que la enfrentan.
“La violencia política en contra de las mujeres que en el ejercicio de sus derechos electorales ostentan algún espacio de poder tiene los efectos directos desmoralizadores, de impacto psicológico y en la salud en las mujeres que la están enfrentado, no solo tiene impacto en su imagen,tiene efecto en ellas mismas y en su autocuidado”, destacó.
La violencia política también tiene impactos en la participación política. De las 26 mujeres que participaron en el foro, 8 manifiestan no tener deseos de volver a ser funcionaria pública por temor a que les pase algo a ellas o sus familias y por no estar dispuestas a continuar sufriendo violencias y 2 más dijeron que sí les gustaría volver a ser funcionarias pero con otro presidente. La mayoría desearía poder ejercer su cargo libre de violencias.
Se desestiman denuncias
El Impepac informó, a través de una solicitud de transparencia, que en 2021 solo recibió una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género realizada por una regidora indígena del municipio de Jiutepec. De los años 2022 y 2023 no presentó información.
Mireya Gally Jordá, consejera presidenta del Impepac, sostuvo que tiene conocimiento que al interior de los cabildos y fuera de ellos hay violencias en contra de las mujeres que ostentan algún cargo municipal, pero no se reflejan en las denuncias que reciben. Pese a ello el órgano electoral no consideró implementar algún mecanismo de seguimiento a las mujeres indígenas en el ejercicio de su cargo.
Aunque Elpidia Torres Ramírez inició un juicio por la violencia política ejercida por el alcalde Ángel Estrada Rubio, en cuatro minutos las magistradas del TEEM declararon parcialmente fundados los agravios denunciados. Únicamente reconocieron que hubo una irregularidad en el pago de las quincenas de la regidora durante 18 meses, que la llevó a percibir 75 mil 505.76 pesos menos que al resto de los regidores.
Entonces el edil optó por pagar casi la totalidad del adeudo de manera extemporánea para que no constituyera una violencia sancionable. Las magistradas se limitaron a recomendar al presidente municipal pagar de inmediato los 505.76 pesos restantes, omitiendo las expresiones denigrantes y la discriminación en contra de Elpidia como regidora indígena.
Al momento de escribir este reportaje está pendiente un juicio en defensa de Elpidia ante el IMPEPAC y TEEM. Sin embargó, Ángel Estrada dio por cerrado el caso y, desde su punto de vista, nunca existió algún tipo violencia.
– Soy ajeno a este tipo de cosas, cosas (…) desafortunadamente ha habido gente que quiere perjudicarme-, dijo el edil.
Respecto al pago diferenciado, lo adjudicó a “una situación de mala comunicación con la regidora, pero en su momento que ella hizo la petición, creo que por una parte hubo un error pero, en cuanto lo solicitó (vía juicio ciudadano) se le pagó de inmediato”.
El presidente municipal sostuvo que nunca existió violencia verbal “yo nací de una mujer, mi mamá es una mujer y también vendió comida”. Sin embargo, admitió que a la fecha no se han cumplido con otras peticiones, como una computadora, oficina y lo necesario para que funcione la comisión a su cargo.
– Somos un municipio pobre… yo uso mi propia camioneta, comentó Estrada.
En ese sentido, Adriana Leonel de Cervantes, abogada feminista y presidenta de la Red de Nacional de Defensoras de Derechos Políticos Electorales, sostuvo que la tendencia en los Tribunales Electorales Locales y los Organismo Públicos Locales (OPLE) es de matizar o minimiza la violencia política y violencia política de género.
“Ocurre que en las entidades federativas algunos (poderes o actores políticos) logran influir en las resoluciones y las sentencias que emiten en materia y tenemos que acudir a la Sala Regional del TEPJF, donde ya se espera que exista mayor imparcialidad e independencia”, dijo la especialista.
Para Adriana Leonel hace falta capacitación tanto en los Tribunales y OPLE para la aplicación de justicia con perspectiva de género y etnia, porque violentar a una mujer indigena agrava la sanción.
Las sanciones que se podrían imponer a quienes ejerzan violencia política de género van desde amonestación, pérdida de registro o cancelación del mismo de candidatura o del partido político, multa, restringir el registro como agrupación política, interrupción o suspensión inmediata de la propaganda política o electoral, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público y cancelación del registro como partido político, entre otras.
Otra cuestión que afecta el acceso a la justicia en materia de violencia política de género en Morelos es la falta de un reglamento de denuncias y quejas.
El 16 de agosto de 2023, los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González y José Luis Vargas Valdez del TEPJF rechazaron la solicitud de varias mujeres morelenses para expedir un reglamento de denuncias y quejas sobre violencia política de género, al considerar que fue una solicitud excesiva para el Organismo Público Electoral (OPLE).
Fue entonces que mujeres organizadas protestaron en centro de Cuernavaca con una lona morada, en la cual se podía leer: “Estos son los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a quienes les parece un exceso que las mujeres morelenses tengamos un reglamento especializado para defendernos de la violencia política”. El malestar se debe a que en el estado ocurrieron dos asesinatos vinculados a la violencia política por razón de género, el de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo, en 2016 y el de la diputada local Gabriela Marín, en octubre de 2022.
Un poco de esperanza
A pesar de todas las violencias y omisiones vividas, el “Foro comparte tu experiencia como mujer integrante de los primeros cabildos conformadas con perspectiva de género e intercultural” se convirtió en una especie de asamblea de mujeres. Una y una pidieron tomar la palabra para dar ideas de cómo podrían articularse para hacer frente a las violencias que enfrentan y para impulsar acciones en conjunto.
Con el proceso electoral 2023-2024 a la vuelta de la esquina, en ese evento se propuso la necesidad de hacer una reunión presencial para dar continuidad a los acuerdos y mantener la comunicación. A todas se les notaba contentas y sonrientes. Con aplausos despidieron la sesión grupal y se tomaron una fotografía para recordar que no están solas y se podrán acompañar.
