Puebla / Samantha Paéz (Lado B).– A pesar de que no existen carpetas de investigación abiertas contra personal médico y parteras, de acuerdo con la Fiscalía, servidores públicos de salud obstaculizan el acceso a los abortos legales por creencias personales y también por desconocimiento de la normativa
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Isabel, quien trabaja para el sistema público de salud, tuvo un aborto espontáneo y por ello se indicó realizarle un legrado. A pesar de tener la orden médica para el procedimiento, recibió un trato humillante y criminalizante porque nunca dejaron de insinuar que se había tomado algo para interrumpir su embarazo, además la tuvieron esperando más de 24 horas y el proceso fue muy doloroso.
Para Isabel lo que le ocurrió es una de tantas malas prácticas que hay en el sistema de salud público, porque también ha sabido de casos donde se dilata la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en casos de violación para no hacer el procedimiento. De acuerdo con Mariana*, exfuncionaria de salud, algunas de estas trabas se deben a la falta de conocimiento de la normativa y también por sus creencias personales.
Mariana señaló que, por el temor de consecuencias legales, aún existe la idea de que se debe presentar una denuncia previa para realizar la IVE a pesar de que la NOM-046-SSA2-2005 señala de que solo basta la solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de que el embarazo es producto de una violación.
Aunque el temor por consecuencias legales es latente en el personal de salud, debido a que el aborto sigue siendo un delito en el estado, no existían hasta octubre de 2021 capetas de investigación abiertas contra personal médico y parteras por aborto, indicó la Fiscalía General del estado de Puebla en respuesta a la solicitud de información folio 210421521000165.
Sector salud incumple normativa
La NOM-046, obligatoria para los y las prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado, establece que en el caso de embarazo por violación las instituciones públicas “deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo”, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad y en caso de que se trate de una persona menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre, madre o tutor.
También agrega que “el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas”.
Asimismo, que las instituciones de salud pública deberán contar con personal médico y de enfermería capacitados no objetores de conciencia y que el personal que atienda situaciones de violencia sexual deberá recibir sensibilización, capacitación y actualización en materia de anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo, conforme a la legislación correspondiente.
Sin embargo, Isabel y Mariana coinciden en que estas condiciones no se cumplen.
—Todavía hay personal médico que desconoce, por ejemplo, todo lo que ya menciona la Ley de Acceso (a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), la norma 046, todavía insiste [en] que la paciente presente primero un documento de Fiscalía, en donde ya hizo su denuncia previa por violación para que entonces ellos o ellas puedan proceder a realizar una interrupción —dice Mariana.
Isabel menciona que el proceso de interrupción voluntaria del embarazo se vuelve algo muy burocrático, pidiendo el acta del Ministerio Público o alegando las semanas de embarazo, para así evitarlo. Pero no solo eso, si llega alguna emergencia médica relacionada con el aborto no sabrían qué hacer por la falta de capacitación.
—En este aspecto, te digo, es completamente inexistente, no hay capacitación. Es un tema del que no se habla, es un tema que justamente cuando llega por una urgencia médica, porque no es que alguien que llegue y diga: a mí me gustaría tener un aborto por cualquier situación, no, esto no pasa, llegan a ser por urgencias médicas y nosotros no sabemos cómo actuar justamente porque no tenemos capacitación para ello —agrega Isabel.
Para Mara Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento de Ipas Centroamérica y México, las capacitaciones son importantes porque no solo permiten conocer las cuestiones técnicas, sino también avanzar hacia una atención integral, acceder a información novedosa respecto al tema y reflexionar cómo el aborto es un servicio de salud. Sin embargo, también se necesita que las autoridades médicas respalden el acceso al aborto legal, brindando los instrumentos e insumos.
—Se necesita, digamos, alinear diversas autoridades y voluntades, pues al no ser así pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres —dice Mara.
El impedir el acceso a abortos seguros, agrega la especialista, orilla a las mujeres a realizar procedimientos inseguros, que además merman su economía y que, conforme se prolonga la gestación, se vuelven más inseguros.
—Hay un efecto negativo de manera muy puntual para las mujeres, pero también para su entorno e, incluso, podríamos decir que, como países, la calidad de vida de las mujeres que llevan a cuestas un embarazo forzado, un embarazo que no deseaban, puede a [la] larga salirnos realmente caro —alerta la subdirectora de Ipas.
Marco legal también perjudica
Otra de las cuestiones que, de acuerdo con Mara Zaragoza, dificulta el acceso a abortos legales es el sistema de causales, es decir, cuando los Códigos Penales de las entidades federativas reconocen algunas situaciones como válidas para acceder a abortos legales. En Puebla hay cuatro causales para que el aborto no sea punible:
- Cuando sea espontáneo.
- Cuando sea el resultado de una violación.
- Cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte.
- Cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves.
- Desde la perspectiva de Mara, muchas mujeres que desean abortar no saben de estas causales y el personal médico tampoco les informa o sobrerregula, es decir, que ponen más requisitos de los que se indica en la causal.
—Una cosa que llama siempre la atención es los lugares en donde hay causales, [ahí] nosotras notamos que esas causales no se operan a cabalidad […] Entonces más allá de que el estado de Puebla diera o no el paso hacia la despenalización, como otros estados y como hay cierta tendencia en el país, sí está dentro de este grupo de estados con causales en donde no tendríamos seguridad de que esas causales se están implementando de la mejor manera.
De enero de 2013 a mayo de 2022, la Secretaría de Salud estatal practicó 43 interrupciones voluntarias del embarazo únicamente por la causal de violación, no hubo abortos legales por otras causales, esto de acuerdo a la respuesta a la solicitud de información folio 211200722000537.
Sin embargo, información de la Dirección General de Información en Salud indica que de enero de 2013 a septiembre de 2022 hubo 57 mil 34 egresos hospitalarios por aborto en el estado de Puebla, es decir, mujeres y personas gestantes que tuvieron que ser hospitalizadas por complicaciones relacionadas con abortos. De acuerdo con Ipas, entre haya más acceso a servicios de aborto seguros, menos complicaciones o morbilidad habrá por esta causa.
Mara Zaragoza añade que en muchas ocasiones las y los profesionales de la salud tienen reservas o temores de alguna implicación legal, aunque puedan ser sensibles con las mujeres que solicitan los abortos.
—Me parece que hay un conocimiento bastante desigual entre los profesionales y las profesionales de la salud de qué es o no válido en el estado en el que se encuentran, […] a veces el personal de salud en formación recibe desde esa primera etapa una información como muy vaga acerca de este tema y a veces ejercen su práctica profesional en otro estado.
En el Reporte de Resultados de la Encuesta Internacional de Personas Proveedoras y Acompañantes de Aborto 2021, de Ipas Centroamérica y México, se indica que en México las personas que trabajan en la proveeduría o acompañamiento de aborto consideran que su principal desafío es la legislación y las restricciones legales discriminatorias (58.7%), seguida por la falta de financiamiento (51.1%), luego la escasez de proveedores (44.0%) y después miedo a la persecución/falta de protección y soporte del gobierno o las leyes (41.8%).
Con respecto a las experiencias de discriminación que enfrentaron quienes acompañan los abortos, la mayoría consideró que otros colegas que no quieren participar en la provisión de servicios de aborto hacen que su labor sea más difícil (54.9%), seguidas por aquellas personas que consideran que su trabajo se ve sometido a las restricciones legales más que otras áreas de la salud (52.3%) y de aquellos quienes consideran que otros profesionales de la salud menosprecian su trabajo (49.7%).
Se imponen creencias religiosas
Mariana reconoce que el hecho de que el aborto sea considerado un delito en Puebla genera temor en el personal de salud, incluso en el caso de interrupción legal por violación. Otra parte sería el hecho de no creerles a las mujeres y personas gestantes que solicitan abortos, como le ocurrió a Isabel, y por ello piden algún documento oficial que respalde su dicho.
—Pues de hecho todos los avances y modificaciones que se habían [implementado] en materia de salud son buenos para esta causa, pero sí hace falta muchísima información y que [el personal de salud] conozca todo el sustento legal que hay atrás para que sin miedo lo realicen (el aborto) en cuanto la paciente lo solicite.
A pesar de que las consecuencias legales generan incertidumbre al personal médico, la Fiscalía General del estado de Puebla no ha abierto ninguna carpeta de investigación contra médicos, cirujanos, o parteras por el delito de aborto, al menos de enero de 2017 a octubre de 2021. Tampoco hay personas ingresadas por esta causa a centros de readaptación social, indicó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en respuesta a la solicitud folio 211204222000019.
Hay cinco personas que sí están privadas de su libertad por el delito de aborto, según la Secretaría de Seguridad, pero son aquellas que sin el consentimiento de la mujer o persona embarazada les hicieron abortar. También existen por lo menos, desde enero de 2017 a octubre de 2021, 18 carpetas de investigación en contra de mujeres que voluntariamente se procuraron abortos.
Asimismo, de acuerdo con las solicitudes folios 210425321000136 y 210425321000137 hechas al Tribunal Superior de Justicia, desde 2007 a noviembre de 2021, se condenaron a 9 mujeres por el delito de aborto, la última de ellas en 2016 en el municipio de Huauchinango.
Es por esto que Isabel señala que, desde los médicos hasta el personal administrativo, lo que dificulta realizar los abortos legales es una situación ideológica y religiosa.
—Es más bien por eso que prefieren no hablar del tema. Creo que […] un temor legal no lo hay como tal, porque pues no sé para beneficio o perjuicio nuestro tenemos el respaldo de un sindicato muy fuerte.
Según la encuesta de Ipas, en América Latina y México la mayor proporción de personas que trabajan en la proveeduría o acompañamiento de aborto son católicas (43.9%).
Mientras que el estudio de 2014, Aborto inducido en México: qué piensan y hacen los ginecobstetras, donde se encuestaron a mil 85 personas del área de ginecobstetricia en todo el país, apunta a que el 28% de participantes exhibió actitudes negativas contra las mujeres que abortaron, desde informar a la pareja o a los padres (18%), regañar a la mujer (2%) y denunciarla a las autoridades (8%).
Avances, lentos pero seguros
A pesar de las diversas dificultades para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en Puebla, Mara Zaragoza señala que existen algunos avances desde el área de salud. Un ejemplo de ello es el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México, que elaboró el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), y también las metas para las entidades federativas que se han estipulado en el Programa de Acción Específico en Salud Sexual y Reproductiva, ambos documentos son de observancia, seguimiento y monitoreo obligatorios para la Secretaría de Salud y de referencia para todo el Sector.
Incluso, en julio de 2022, el CNEGSR publicó un boletín donde indica: “la promoción de altos estándares en la atención del aborto seguro puede tener efectos positivos en la vida de las mujeres y niñas, sobre todo aquellas que se encuentran en condiciones más vulnerables o que han enfrentado daños severos a su salud por la violencia sexual”.
—El aborto en realidad es un procedimiento que puede permitirle a la mujer como reconectar con ella misma con sus decisiones con su experiencia, si una mujer se siente correctamente atendida en los servicios de salud, pues ella va a estar mucho más abierta a otros cuidados en su salud en general, como la anticoncepción y con otros cuidados de ginecología —expone Mara.
Otro de los avances es que en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se actualizó el plan de estudios con apoyo de Ipas para brindar una asignatura específica para la interrupción del embarazo y los cuidados que se deben brindar desde el área de enfermería.
En el estudio Aborto inducido en México: qué piensan y hacen las ginecoobstetras se apunta a que el 85% de las personas encuestadas consideró que entre las destrezas a enseñar en la carrera de Medicina deben incluirse las técnicas de realización de aborto seguro.
Los esfuerzos por mejorar las condiciones no sólo provienen del sector público, dice la especialista, sino también de organizaciones civiles e instancias internacionales que van abordando desde cuestiones técnicas respecto al aborto, hasta la elaboración de materiales de difusión e información, que están al alcance del personal de salud y estudiantes del área.
—Nos cruza de manera personal todo lo que tiene que ver con la salud, con la sexualidad, con la reproducción, a todas las personas nos interesa. Entonces creo que hay una tarea que hacer en la preparación y la formación del personal de salud, pero incluso desde antes, desde la educación integral en sexualidad.
