Ciudad de México.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por cuatro votos a favor y uno en contra que los artículos que prohíben el aborto voluntario en Chihuahua son inconstitucionales por lo que concedió el amparo a una mujer para que no se le apliquen las normas penales que criminalizan el aborto en el estado. De esa forma tendrá la libertad de ejercer su derecho a decidir sin ser criminalizada, tal como lo mandatan las resientes sentencias de la Corte, que obligan a las entidades garantizar a las mujeres el acceso a este servicio.
El pasado 18 de octubre, durante sesión pública, la ministra y los ministros resolvieron el amparo en revisión 666/2023, promovido por una mujer de Chihuahua, acompañada legamente por Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua y AbortistasMx. Aunque la sentencia solo beneficia a la mujer que promovió el juicio, la sentencia reconoce que la regulación del aborto en Chihuahua viola el derecho a decidir.
En este amparo la promovente manifestó que no se encontraba embarazada pero denunció que la normatividad vigente en el estado violaba su derecho a decidir por establecer penas de prisión de 6 meses a 3 años por abortar voluntariamente.
Aunque la versión final de la sentencia no estará disponible hasta dentro de varias semanas, es posible adelantar que el proyecto retoma argumentos de la acción de inconstitucionalidad 147/2018 en la que se reconoce que el derecho a decidir sobre la vida reproductiva, es un derecho humano, vinculado al derecho a la salud por lo que las legislaciones penales deben de reformarse para establecer un plazo en el que las mujeres puedan acceder al aborto.
Además, la Corte también señalo la inconstitucionalidad del artículo 146 proemio y fracción I porque la frase del proemio “se consideran excluyentes de punibilidad” perpetua la criminalización de las personas que necesitan acceder al aborto por causales y sobre la fracción 1 porque impone un plazo para que las víctimas de violencia sexual puedan acceder al aborto, lo que se convierte en un obstáculo revictimizante.
Chihuahua, un estado que criminaliza a las mujeres
De acuerdo con la investigación “Decidir abortar. Entre la criminalización y el ejercicio de un derecho”, de Abortistas MX, se puso en evidencia que, ni la Fiscalía ni el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua brindan información sobre mujeres criminalizadas por abortar.
La única institución que atendió la solicitud de la colectiva fue la Defensoría Pública; sin embargo, los datos que proporciona contienen algunas imprecisiones.
De los datos reportados para el delito de aborto se observa que en el periodo 2015-2022, la Defensoría representó a siete mujeres adultas, todos esos procesos se encuentran actualmente concluidos y en todos se dictó el sobreseimiento de la causa. Por lo que hace a mujeres adolescentes se representaron a nueve acusadas por el delito de aborto, todos los procesos se reportan como concluidos; sobresale que aunque se dictó el sobreseimiento en ocho de los procesos identificados, en uno de ellos del año 2019 se dictó sentencia condenatoria. La información proporcionada no indica las medidas impuestas como sanción.
De estos datos también se desprende que, aunque no se refieren fechas específicas, en 2021 se inició una investigación por el delito de aborto contra una adolescente mientras que en 2022 fueron dos contra mujeres adultas y uno contra una adolescente; se reporta que estos procesos concluyeron en sobreseimiento, aunque no se indica la modalidad de aborto que se persiguió es un indicador de que se mantiene latente la actividad punitiva estatal. Por otro lado, la falta de respuesta de las solicitudes formuladas al Poder Judicial y a la Fiscalía impiden un contraste con los datos reportados por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de tal manera que se mantiene la incertidumbre sobre la modalidad de la participación del delito de aborto.
Cabe recordar que al día de hoy 12 entidades despenalizaron el aborto: CDMX (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Coahuila (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022), Quintana Roo (2022) y ahora Aguascalientes (2023). Sin embargo, 20 más continúan criminalizando a las mujeres que deciden abortar.
