A nivel mundial, las comunidades se enfrentan a industrias intensivas en carbono
y exponen prácticas comerciales insostenibles que causan estragos en los ecosistemas y en nuestro clima.
Estas son las personas en la primera línea de la crisis climática.
Son las que intentan proteger las áreas críticas para la preservación del clima
y revertir estas prácticas devastadoras.
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Global Witness, 2020
Por Jazmín Ramos (Ovigem).- A finales del año 2020 el agua comenzó a cotizar en el mercado de valores de Wall Street, evidenciando el estado actual de los recursos alrededor del planeta; sin embargo, la crisis ambiental lleva muchos años pisando nuestros talones, simplemente habíamos hecho oídos sordos ante ella.
Tras la entrada en vigor del acuerdo de París en 2016, los países integrantes de la ONU se comprometieron al apoyo mutuo para lograr una mejora sustancial en el clima del planeta. A grandes rasgos, el objetivo del acuerdo es:
[…] limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales. Para alcanzar este objetivo de temperatura a largo plazo, los países se proponen alcanzar el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr un planeta con clima neutro para mediados de siglo.
Sin embargo, en una economía global como la que impera actualmente, en la que se privilegia la acumulación por encima del bienestar social, estas políticas son apenas notorias, si no es que inexistentes.
América Latina se convirtió en la región del planeta donde se han registrado más casos de violencia contra activistas ambientales y esto no debería ser sorprendente, pues es una zona con alta concentración de recursos naturales. De acuerdo con datos de Global Witness, tan solo en 2019 se privó de la vida a 212 activistas ambientales alrededor del mundo y el mayor número de víctimas se encuentran solo en dos países: Colombia y Filipinas; México registró 18 casos, colocándose en cuarto lugar de esta nada admirable lista. La mayoría de los activistas estaban involucrados en luchas relacionadas a las industrias gasera, minera, petroquímica y agroindustrial.
La misma organización señaló:
Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. A menudo, éstas son la columna vertebral de su comunidad, y tienden a asumir mayor responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores, a la vez que tratan de ganarse la vida y trabajar como activistas. Las mujeres que actúan y alzan la voz pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Si otros miembros de su hogar son defensores, también pueden convertirse en objetivos (2020).
Pareciera que, al afrontar nuestra situación actual, la postura política que mostraríamos respecto a la defensa del medio ambiente sería bastante clara: debemos proteger los recursos que nos quedan e intentar resarcir en algo el daño que hemos hecho. Lo anterior apenas ha sido tema de discusión, pues de acuerdo con el informe Defending Tomorrow 2020:
En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana desde diciembre de 2015, mes en el cual se firmó el Acuerdo Climático de París, momento en que el mundo aparentemente se unió bajo la esperanza de alcanzar una nueva era de progreso en la lucha contra el cambio climático.
El problema radica también en la desigualdad existente entre los afectados por el cambio climático (sabemos que somos todas las personas de este planeta), porque aquellas comunidades que resultan mayormente dañadas son, casi siempre, las que menos contribuyen al deterioro del medio ambiente, por ejemplo las comunidades indígenas o los habitantes de zonas marginadas que no tienen cómo afrontar desastres naturales, escasez o represión.
Dentro de estas comunidades, las mujeres parecen ser las más afectadas también, pues tienen menor (o nula) fuerza de voto dentro de la toma de decisiones concernientes a su comunidad; además, suelen ser blanco de violencia de género, especialmente sexual, no solo por parte de su oposición, a veces también de sus pares defensores. En Papúa Nueva Guinea, la activista Cressida Kuala, quien ha formado una alianza de mujeres en búsqueda de poder tomar parte en las decisiones que atañen a su tierra, ha sufrido múltiples ataques sexuales, mismos que han pasado desapercibidos ante su comunidad (indígena también).
Casos como estos demuestran la necesidad de tomar en cuenta no solo los problemas que enfrentan los defensores, sino específicamente aquellos ataques que viven debido a su condición política, social o de género. En mayo de 2019, Otilia Martínez Cruz y su hijo, Gregorio Chaparro Cruz fueron encontrados asesinados fuera de su casa en Chihuahua. Ambos pertenecían a la comunidad tarahumara que defendía la Sierra Madre de la tala indiscriminada. Su caso sigue sin ser esclarecido, al igual que muchos otros relacionados con indígenas que intentaron defender su territorio ante la ocupación industrial.
Se sabe que de las agresiones contra activistas que fueron documentados en 2020, el 40% vinieron por parte del Estado y solo un 4.6% vino del sector privado, esto de acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Mientras que la devastación sigue creciendo, el número de refugiados climáticos lo hace también, pero no muchos países están dispuestos a recibirlos. Ocurre que los mayores contribuyentes del cambio climático se niegan a ayudar en la reparación de los daños e, incluso, se oponen a recibir refugiados que han tenido que emigrar debido a los cambios en el clima de sus naciones. De acuerdo con datos del IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre):
A finales de 2019, alrededor de 5,1 millones de personas en 95 países y territorios fueron desplazados como resultado de desastres ocurridos no sólo en 2019, sino también en años anteriores. Los países con el mayor número de desplazados internos eran el Afganistán (1,2 millones); la India (590.000); Etiopía (390.000), Filipinas (364.000) y el Sudán (272.000). En 2019, casi 2.000 desastres desencadenaron 24,9 millones de nuevos desplazamientos en 140 países y territorios; esta es la cifra más alta registrada desde 2012 y el triple del número de desplazamientos causados por conflictos y violencia.
De acuerdo con el Informe de Agresiones a Defensoras (2015-2016), “para el período 2015 -2016 las agresiones dirigidas a las defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales ascendieron a 609 (28% del total de agresiones registradas)”. Estos números muestran un incremento alarmante en relación con el periodo anterior, en que se registraron 525 casos.
El mismo informe indica que los principales tipos de agresión son:
- Intimidación y hostigamiento de tipo psicológico
- Amenazas
- Calumnia, campañas de desprestigio
- Uso excesivo de la fuerza
- Ataque al patrimonio personal
- Intento de asesinato / Asesinato
El informe sobre agresiones que ya mencionamos, cuenta también con testimonios sobre la violencia ejercida contra mujeres defensoras; en ellos se observan situaciones que raramente se utilizarían en contra de sus pares masculinos, por ejemplo amenazas de violación, uso de palabras degradantes (como puta, perra, etc.), acoso sexual, entre otros.
La violencia ejercida contra los grupos de mujeres activistas tiene consecuencias no solo en ellas, sino en su entorno. Muchas abandonan la causa ante el riesgo que enfrentan por defender un territorio al que se sienten arraigadas, pero que también pone en riesgo su vida.
Como han demostrado muchos casos de defensoras asesinadas o violentadas, los agresores pocas veces son procesados o siquiera investigados, lo que pone a discusión una situación aún más problemática: el encubrimiento de casos de violencia en pos de la explotación de recursos que puedan beneficiar a un pequeño círculo de individuos.
Sobre los agresores, el mismo documento reporta:
Los actores estatales (44%) han sido identificados como responsables de la mayoría de agresiones contra estas defensoras; en segundo lugar, están los desconocidos (18%). En tercer y cuarto lugar están agentes de seguridad privada (17%) y de empresas y negocios (14%), intrínsecamente ligados a los conflictos por la tierra y el territorio a los cuales estas defensoras se oponen.
En el mismo periodo (2015-2016), se observó que un 14% de los ataques infligidos a defensoras provinieron de su propia comunidad, desprestigiadas por sus pares activistas (de quienes provienen un 9% de los ataques) o por su oposición. Ocurre que, ocultándose tras la bandera de “desarrollo”, las empresas ponen a las comunidades en contra de los movimientos; lo que estas empresas no pueden explicar es que, si su proceder fuera adecuado, no habría necesidad de seguir buscando zonas de explotación, porque un manejo sustentable de recursos no acabaría con los suelos, con el agua y patrimonio de los habitantes de las zonas en que se localizan.
El papel de las defensoras va más allá de su activismo, es una labor educativa que intenta explicar un razonamiento: nos están desalojando de nuestras tierras, nos están quitando los recursos que hemos protegido, nos están matando para satisfacer su ansia de acumulación y nosotros nos hemos puesto al frente, en espera de que ocurra algún cambio.
