Lilia Balam.- Después de dos años de espera, el registro de 19 denuncias de acoso, hostigamiento y abuso sexual, así como la realización de dos protestas, el Consejo de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), aprobó por unanimidad la expedición del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexuales.
El documento, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo, entrará en vigor 15 días después de que sea publicado en la Gaceta Universitaria y contempla la creación de una comisión ejecutiva, la cual será encabezada por el rector, José de Jesús Williams, y se encargará de atender y dar seguimiento a las quejas.
Tras la aprobación del protocolo, el rector declaró que la UADY es incluyente y dio una muestra de “valentía” al “reconocer un problema, que no es exclusivo de la Universidad”. Añadió que la institución tiene una gran tarea por delante, pues se deberá “reeducar” a la comunidad universitaria en temas relacionados a la violencia de género.
Al término de la sesión se preguntó al rector si con la nueva normativa se analizarán los 19 casos de abuso, hostigamiento y acoso sexual que se han realizado ante las integrantes de la campaña “UADY sin acoso”, a lo que negó que el número fuera tan elevado.
Afirmó que únicamente se han realizado dos denuncias de esa naturaleza y se hizo a un lado para que los representantes de los medios de comunicación cuestionen al abogado general de la Casa de Estudios, Renán Solís Sánchez. Éste admitió desconocer cuántas quejas de violencia sexual se han recibido, pero subrayó que todas serán atendidas y habrá “cero tolerancia” a los agresores.
De acuerdo al abogado, el protocolo establece que las quejas serán analizadas por la Comisión, que programará entrevistas con los involucrados, abogados y sicólogos especialistas para dar seguimiento a la denuncia, y conformará un comité investigador. Dicho cuerpo podrá emitir recomendaciones sobre las sanciones y, en caso de detectar la comisión de un delito, notificará a la Fiscalía General del Estado (FGE).
El documento contempla sanciones como la expulsión de los alumnos o el despido de los trabajadores, sean administrativos o académicos, en caso de que se les compruebe haber cometido una agresión, detalló Solís Sánchez. “Si se trata de un empleado de la Universidad se llevará a cabo el procedimiento que corresponda de acuerdo con cada contrato colectivo”, sostuvo.
El abogado reiteró que ya no habrá comparecencias en las que se tengan que enfrentar la persona acusada y la agredida; es decir, ya no habrá un proceso de mediación, como ocurrió con casos como el de V.C.V., alumna de la licenciatura en biología marina, y quien tuvo que acudir a una audiencia con su agresor, D.V.C.
“Puede haber aclaraciones. Por supuesto que hay un derecho de audiencia que se respetará. Pero no habrá mediaciones”, sentenció.
Por otro lado, la representante de la campaña “UADY sin acoso”, Rosa Elena Cruz Pech precisó que aún no ha tenido acceso al protocolo aprobado, pero en un documento previo que le hicieron llegar, notó “muchas cosas ambiguas”, como la elección de los integrantes de la comisión ejecutiva.
Otra de las irregularidades observadas fue que en el caso de los menores de edad, no tienen un plazo para interponer una denuncia, pero los mayores de 18 años solamente cuentan con un año para entablarla.
“Incluso teniendo 18 o 19 años, un año es un período muy corto para que una víctima de violación o abuso sexual pueda hablar del tema. Hay otras cosas, pero conforme surjan más casos se harán notar”, sostuvo.
Cruz Pech recalcó que se analizará el documento para realizar observaciones, con la intención de que sea mejorado. Finalmente, agregó que la campaña “UADY sin acoso” continuará activa, ya que muchas estudiantes no confían en las autoridades o no saben cómo llegar a ellas para presentar denuncias o quejas.
Fuente: La Jornada
