Filipinas es el país con más asesinatos de activistas defensorxs del medio ambiente en todo el mundo y en América Latina le siguen Colombia, Brasil y un aumento en Guatemala del 500%
SEM México.- El año pasado, fueron asesinadas un promedio de más de tres personas por semana, al defender sus tierras y el medio ambiente de la invasión de industrias como la minería, la tala y la agroindustria. Incontables más fueron silenciadas a través de otras tácticas diseñadas para aplastar la protesta, como arrestos, amenazas de muerte, juicios y campañas de desprestigio.
Por primera vez desde que Global Witness comenzó a documentar tales asesinatos, Filipinas registró el mayor número de asesinatos en todo el mundo, con 30 víctimas. El mayor aumento en la cantidad de asesinatos tuvo lugar en Guatemala, registrando en 2018 un aumento de más del 500% en comparación con 2017.
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A nivel mundial, la cifra real probablemente fue mucho mayor, porque los casos no suelen ser documentados, y muy pocos son investigados. Resulta difícil encontrar o verificar evidencia confiable.
Este año, por primera vez, Global Witness también alerta sobre la criminalización de las y los activistas y sus comunidades. Evidencia presente en todos los continentes muestra que los gobiernos y las empresas están utilizando los tribunales y los sistemas legales de los países como instrumentos de opresión contra quienes amenazan su poder e intereses.
Esto incluye el uso indebido de leyes existentes, diseñadas para detener terroristas o proteger la seguridad nacional, y la creación de nuevas normas para prohibir la protesta o coartar la libertad de expresión. Esto hace que los ataques a las personas defensoras parezcan legítimos, aumentando la probabilidad de que ocurran.
Gran parte de la persecución de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente está siendo impulsada por la demanda de tierra y de materias primas necesarias para los productos que consumimos todos los días, como alimentos, teléfonos móviles o joyas.
Como se detalla en el informe de Global Witness, por ejemplo, activistas indígenas en Filipinas enfrentaron amenazas de muerte, fueron encarcelados y sus casas fueron demolidas por oponerse a que sus tierras fueran utilizadas para cultivar bananos para vender en los mercados globales.
Mientras tanto, en Guatemala, el auge de la minería, los proyectos hidroeléctricos y los cultivos agrícolas para la exportación ha provocado un aumento en los ataques contra la población indígena rural y ha despertado el temor de un retorno a la violencia genocida que sufrió el país hace 30 años.
Principales hallazgos:
- En 2018 se reportó el asesinato de 164 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, lo que significa un promedio de más de tres asesinatos por semana. Muchas más personas defensoras fueron atacadas o encarceladas.
- Los países con el mayor número total de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente cuyos asesinatos fueron registrados fueron Filipinas (30), seguida por Colombia (24), India (23) y Brasil (20).
- El mayor aumento en la cantidad de asesinatos se produjo en Guatemala, con cinco veces más asesinatos, lo que lo convierte en uno de los países más sangrientos per cápita, registrando 16 asesinatos.
- La minería fue el sector más mortal, con 43 personas defensoras asesinadas por protestar contra los efectos destructivos de la extracción minera en la tierra de las comunidades, sus medios de vida y el medio ambiente.
- Hubo una escalada de asesinatos de personas defensoras que luchan por la protección de las fuentes de agua, los cuales pasaron de cuatro en 2017 a 17 en 2018.
- Más de la mitad de los asesinatos cometidos en 2018 ocurrieronen América Latina, región que ha sido clasificada de forma sistemática como el continente más afectado desde que Global Witness comenzó a publicar datos sobre asesinatos en 2012.
- Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los asesinatos. Actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 muertes.
- La criminalización y las demandas civiles agresivas se están utilizando para sofocar el activismo ambiental y la defensa de los derechos a la tierra en todo el mundo, incluso en países «desarrollados» como EE. UU. y el Reino Unido.
Fuente: SEM México
