La lideresa afrocolombiana asegura que la paz que se selló en su país “no está sirviendo para las personas del territorio, sino para las empresas” y explica que, respecto a la resolución 1325 de Naciones Unidas, “existe un divorcio entre lo que necesitamos las mujeres y la concepción de los estados de la paz y la seguridad”
Madrid / Gloria López (AmecoPress).- Clemencia Carabalí es un buen ejemplo de la conexión entre luchas: mujer y negra, defensora de los derechos de las mujeres y la población afrodescendiente. Participó activamente en la implementación de los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano como lideresa afrocolombiana en la Asociación Municipal de Mujeres (ASOM) de Buenos Aires, en la región colombiana de Cauca, y en el Proceso de Comunidades Negras (PCN) de Colombia. Carabalí carga ya con siete amenazas de muerte por su labor activista iniciada en 1997 contra la explotación del territorio y sus gentes. Ayer, gracias a Alianza por la Solidaridad habló con la prensa por la mañana y protagonizó un encuentro en Mujeres y Compañía por la tarde con el objetivo de dar a conocer la situación que atraviesa Colombia.
A lo largo del encuentro con la prensa, Carabalí repite varias veces que el Gobierno de Colombia está “ciego” y su actitud está impidiendo la implementación de los acuerdos de paz, lo que “constituye una amenaza para nuestras vidas, para nuestro territorio y nuestros derechos étnicos y como mujeres”. La situación es muy preocupante. Insiste: “Tenemos la esperanza de que la comunidad internacional siga abogando por que los acuerdos de paz sean una exigencia para nuestro gobierno”.
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“Estamos cansadas de vivir en medio de la guerra”, asegura. “Sacaron a las FARC, que era el pretexto por el que no se podía invertir, pero sigue la represión y la violencia”. “Es el interés por los recursos es lo que mueve y quieren que desocupemos la zona para su explotación, porque son territorios muy ricos”.
El despojo de los bienes naturales por megaproyectos mineros, hidroeléctricos y monocultivos de caña está costando la vida e hipotecando la paz en Colombia
“Parece que no sea una paz para las personas del territorio, sino para que los inversionistas, las empresas capitalistas interesadas en explotar el territorio ahora lleguen mucho más fácil. Vemos que el gobierno no ha hecho una presencia efectiva en el territorio a través de sus instituciones, no se ha comprometido con la prestación de servicios y con acciones concretas y avances a la paz, sino que han llegado otros grupos a copar el territorio dejado por las guerrillas, grupos que igualmente generan desplazamientos, intimidación, violación a nuestros derechos humanos y especialmente a los de nuestras mujeres”.
«A nuestros territorios no llega inversión social ni la intervención integral del Estado, sino por el contrario empresas e inversionistas extranjeros que desconocen nuestra legislación y nuestros derechos étnicos», esclareció. Las comunidades tienen una legislación que contempla que antes de que las empresas entren en el terreno deben consultar a quienes viven en él y que los beneficios de los negocios deben repercutir en las poblaciones. “Existen comunidades que estamos a 10 minutos de la hidroeléctrica y no tenemos energía”. También destacó la «preocupación» de su comunidad «por la sustitución de cultivos ilícitos por medio de fumigaciones aéreas con glifosato».
La participación de las mujeres en los Acuerdos de paz en Colombia fue un hito que se convirtió en referente para el mundo. Pero, de los 130 puntos que incluían con enfoque de género, el 51 por ciento no se ha implementado. Ahora, en la mesa de diálogo que ha convocado el gobierno colombiano, las mujeres y las comunidades étnicas (afroindígenas) han sido excluidas. Clemencia Carabalí ahonda en el significado que tiene lo establecido por Naciones Unidas en la resolución 1325: “la mayoría de los países limitan esta resolución a la participación de las mujeres en los ejércitos. Existe un divorcio entre lo que necesitamos las mujeres y la concepción de los estados de la paz y la seguridad”.
«No vemos que el Acuerdo sea una política de Estado, es por esto que decidimos levantarnos el 21 de noviembre», recalcó acerca del segundo paro nacional convocado en Colombia por diferentes sectores para protestar contra las políticas económicas del gobierno y exigir la aplicación del Acuerdo de Paz y la aplicación de medidas eficaces ante el aumento de asesinatos y amenazas contra líderes sociales. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, desde 2016 más de 462 dirigentes sociales han sido asesinados en Colombia.
Carabalí aseguró que el asesinato de líderes sociales en Colombia está asociado no solo con la implementación del Acuerdo de Paz, sino también con la defensa del medio ambiente ante la llegada de empresas nacionales y extranjeras a territorios ancestrales de indígenas y afrodescendientes.
“La mayor seguridad es la misma gente, las estrategias de autocuidado, protección y articulación con otras comunidades que las mujeres vamos construyendo”
Ella misma ha sufrido atentados y es víctima de amenazas. En uno de los ataques estaba embarazada y perdió a su segundo hijo. En varias ocasiones ha tenido que salir del país. Pero acaba regresando, persistente. “La mayor seguridad es la misma gente, las estrategias de autocuidado, protección y articulación con otras comunidades que las mujeres vamos construyendo”. Es gracias a esa red de apoyo tan fuerte, que logra mantenerse y seguir luchando. De ahí brota la energía. “Ese ha sido el elemento que nos blinda y nos da fuerzas para continuar. Y por ahora mi postura es no salir del territorio. El territorio es la vida y para nosotros la vida no se vende; se ama y se defiende”.
“Vivimos un momento estratégico para la defensa de los derechos y de la vida”, comparte con emoción,
“somos seres humanos con capacidad de transformación” y lo hacemos mediante “acciones efectivas, conectadas, reflexionadas y claras, en función de un propósito”.
Clemencia Carabalí ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019 de Colombia como reconocimiento a su papel en la promoción de la paz y el fortalecimiento de la democracia, así como la defensa de los derechos humanos y étnicos. Es presidenta y cofundadora de la Asociación de Mujeres Afrodescentientes del Norte del Cauca (Asocom).
