Verónica Espinosa / San Luis Potosí.- La mesa ciudadana de seguimiento a la Alerta de Violencia de Género (AVG) en seis municipios del estado –incluyendo la capital- denunció que a dos meses de esta declaratoria hecha por el gobierno federal, las acciones emprendidas por el mandatario priista Juan Manuel Carreras López han sido pírricas y no han incidido directamente en la disminución de los feminicidios ni en una atención integral a través de instituciones como el Centro de justicia para mujeres.
También reprochó al Poder judicial del estado que preside Pablo Almazán Cué –quien ha sido acusado de ejercer violencia y acoso en contra de mujeres integrantes del Supremo Tribunal como la magistrada Adriana Monter Guerrero- de desairar la capacitación a juezas y jueces con los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género.
“Esta ausencia de perspectiva se ha hecho evidente frente al caso de la magistrada y dos casos ventilados en la prensa local”.
En el año 2015, 35 mujeres fueron asesinadas en el estado, número que aumentó a 74 en el 2017.
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La declaratoria fue emitida para la capital y los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, ubicados en distintos rumbos del territorio estatal.
Las integrantes de la Mesa ciudadana recriminaron la “débil ejecución de las estrategias contenidas en las medidas contempladas en la Declaratoria de AVG para San Luis Potosí el 21 de junio de 2017”, pero también criticaron la falta de supervisión y coordinación por parte de la propia Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia hacia las Mujeres, Conavim.
“Es notable la ausencia de capacidades de coordinación desde el propio seguimiento hecho por la Conavim, hasta la falta de acuerdo y trabajo conjunto entre estado y municipios”, citaron en un pronunciamiento público.
En éste, afirmaron que las mujeres potosinas exigen el compromiso y acción gubernamental para atender a cabalidad la violencia contra las mujeres.
“Que la violencia de género no sea un tema ínfimo en la agenda de los gobiernos estatal y municipales, sino área prioritaria de gobernabilidad”, demandaron.
Exhibieron al Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, del cual forman parte varias instituciones que no han cumplido con sus obligaciones, salvo “mínimas gestiones y esfuerzos administrativos y sectorizados de ciertas dependencias y actores institucionales”.
También señalaron al gobierno de Carreras porque, con todo y la declaratoria de alerta por violencia de género, no ha fortalecido a las instancias encargadas de atender y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, como es el Centro de Justicia para mujeres.
La Fiscalía de atención a la mujer carece de un espacio digno y personal suficiente para garantizar una debida investigación que posibilite el acceso de las mujeres y familiares a la justicia, señalaron.
Finalmente, la mesa ciudadana asentó una exigencia principal:
“Queremos que las mujeres dejen de poner el cuerpo frente a la impunidad de los feminicidios y exigimos también la reparación del daño a las familias y víctimas indirectas que en estos dos largos años han sido dejadas en el olvido institucional”.
Fuente: Proceso
