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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas / Redacción.– En noviembre del año pasado, la diputada Floralma Gómez Santiz presentó la iniciativa para la despenalización del aborto en Chiapas, estado donde sólo es legal bajo tres causales. Tras nueve meses aún no se le ha dado lectura en el pleno local.
Una iniciativa necesaria para el respeto de los derechos humanos de las mujeres, además que se encuentra en la agenda y legislado en otras entidades federativas, comentó la diputada. »Dentro del marco de los derechos humanos, está el derecho a decidir de todas las personas. Y en cuanto al aborto pues el derecho a decidir de las mujeres y de las personas gestantes» puntualizó.
La acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte ha dado pauta a que sea leída y el Congreso contemple la iniciativa, sin embargo, no ha sido posible. Por ello, una vez más, la diputada Floralma, realizó el pasado martes, un llamado al Congreso de Chiapas de la actual legislatura a armonizar las leyes en beneficio de la salud de las mujeres y la iniciativa presentada sea leída ante el pleno.
»Sabemos que el aborto y las mujeres que abortan es inconstitucional que se les criminalice por hacerlo. En ese sentido pues, la recomendación de la CNDH da pauta a que la iniciativa sea leída y se le de atención pertinente. Pues no podemos incurrir en acciones de inconstitucionalidad como Congreso del Estado y como legisladores. Sin embargo ya hay una recomendación que ya está turnada a la Suprema Corte».
En septiembre del 2021, debido Acción de inconstitucionalidad 148-2017 la Corte dictaminó que va en contra de nuestra Constitución criminalizar a las personas por decidir sobre nuestro propio cuerpo, por lo que ningún juez o jueza puede criminalizar a las mujeres o personas con capacidad de gestar por abortar.
En mayo, de este año, el Congreso de Chiapas, tras siete años, aprobó que se elimine el requisito del plazo para el acceso a la interrupción del embarazo en casos de violación en Chiapas. Desde el 2016, el Congreso tenía la obligación de reformar el Código Penal del Estado de Chiapas para armonizar la legislación local en favor de las víctimas. Anteriormente el artículo 181 del Código Penal del Estado establecía un plazo de 90 días para que las víctimas de violencia sexual pudieran acceder al servicio de aborto, lo cual estaba en contra de la Ley General de Víctimas y la NOM 046 de Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
A pesar de estos avances, las protestas y acciones por diversas colectivas feministas, así como (otras) iniciativas presentadas como de la Diputada Floralma Gómez Santiz, el Congreso actual de Chiapas continua retrasando la despenalización del aborto.
La iniciativa menciona quitar »el delito de aborto del Código Penal, que deje de ser punible, es más, que ya no exista. Es decir que ya a ninguna mujer se le va a criminalizar por practicar algún aborto… No significa que todas las mujeres tengan que abortar, claro que no. En la iniciativa contempla que a ninguna mujer se le puede forzar abortar. El derecho a decidir debe ser de manera voluntaria, de manera libre», aseguró.
