Gely Pacheco, es militante feminista, fundadora del portal periodístico ‘’Voces Feministas’’, integrante de la Red Colectiva Ciudadana contra el Feminicidio en Chiapas y actualmente es titular de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas / Gely Pacheco.– En el mes de noviembre del año pasado, la colectiva feminista ‘’Luchadoras’’ presentó su informe “#JusticiaEnTrámite: el limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres que han vivido violencia digital.
En dicho informe tiene tres apartados principales: un rastreo histórico de las reformas para sancionar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Después, se presenta seis hallazgos clave en torno a la implementación de dichas reformas a nivel local, que surgen de una investigación cuantitativa basada en la respuesta a solicitudes de acceso a la información que hicieron a Fiscalías y Poderes Judiciales en los estados.
Por último, desde una mirada cualitativa, comparten algunos obstáculos que han enfrentado las víctimas al iniciar procesos penales. Uno de los grandes obstáculos justamente es la carencia de las autoridades ministeriales en terminología y conocimiento sobre el funcionamiento de las redes sociales, plataformas digitales o internet, lo que además obstaculiza la solicitud de las diligencias adecuadas que contribuyan al desahogo de la investigaciones.
En contraste, estas reformas ha ocasionado de manera positiva la preocupación pública sobre esta problemática, alentando la denuncia por parte de las mujeres, e impulsar la obligación que tienen las autoridades del ejecutivo, legislativo y judicial, para actuar al respecto.
De abril de 2012 al 30 de agosto de 2020 se llevaron a cabo 35 reformas legislativas contra la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en 28 estados del país. En los últimos tres años se abrieron 2,143 carpetas de investigación en 18 estados del país por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. El 84.46% de las víctimas fueron mujeres.
En México esta forma de violencia afecta alrededor de 9.4 millones de mujeres en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Modulo sobre Ciberacoso (MOCIBA).
Recuento histórico
La primera reforma legislativa para sancionar esta conducta en México inició en el año 2012 en Sinaloa. Al año siguiente, en 2013, en Campeche se reformó el Artículo 175 del Código Penal bajo el título de Violación a la Intimidad Personal.
Dos años después, el 29 de diciembre del 2016 en Michoacán reforma los artículos 194, 195, 196 y 198 en el Código Penal para sancionar Ataques a la intimidad y Ataques a la propia imagen. A partir del 2017 las reformas fueron en aumento, ese año se aprobaron cinco reformas en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Jalisco y San Luis Potosí.
En 2018, ocho estados adoptaron reformas para penalizar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento: Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. La reforma del estado de Puebla fue la primera impulsada en el marco de la conocida como “Ley Olimpia”.
En 2019 se aprobaron reformas en doce estados, incluso en algunos donde se habían adoptado modificaciones recientes: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Du-rango, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz y Zacatecas. Durante los primeros tres meses de 2020 Ciudad de México y Colima adoptaron por primera vez modificaciones para tipificar esta conducta; y en Sinaloa se adoptó una segunda reforma
El proyecto de ley que han impulsado ante diversos Congresos locales consiste principalmente en tres modificaciones legislativas:
- La sanción de la difusión no consentida de contenido íntimo
- El reconocimiento de la violencia digital como una modalidad
- La sanción del ciberacoso.
En el acompañamiento a víctimas, este informe ha ensillado los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres agredidas, entre ellos la “falta de procesos claros y adecuados; maltrato por parte de autoridades y procuradores de justicia, falta de conocimiento técnico y especializado en temas digitales”.
